Abogado Germán Castellano: Hay inocentes condenados por rellenar estadísticas

 



Enrique Rivera

Desde el estado Mérida se hace un llamado contundente a la Comisión Nacional proveniente de Caracas para que asuma la revisión inmediata del caso emblemático de Alba Pacheco Cáceres, quien actualmente cumple una condena de 25 años de prisión en el Centro Penitenciario de la Región Andina (CEPRA).

 Así lo informó Germán Castellano, abogado en ejercicio quien indicó que fue una injusticia y represalia, tras ser condenada por haber denunciado una red de extorsión y negarse a ceder ante una segunda extorsión.

 Acotó que hubo irregularidades en el proceso, donde la víctima fue presionada para destituir a su abogado defensor bajo la falsa promesa de que sería liberada en el juicio. Además falta de pruebas y aseguró que el expediente carece de elementos probatorios reales y causas justas que sustenten una condena tan severa.

 Resaltó el jurista vigiense, hago un exhorto directo a las autoridades nacionales para que este expediente sea auditado de forma independiente, evitando la intervención de los magistrados locales del estado Mérida, a quienes señalan de presunta manipulación en el proceso.

Castellano fijó una postura contundente respecto a la actual Reforma de la Justicia Penal en Venezuela, por lo que denunció de forma alarmante la cantidad de personas inocentes que han sido obligadas a admitir hechos bajo presión para acelerar procesos y cumplir con "estadísticas".

 Castellano señaló la existencia de una presunta trama de corrupción en la que estarían involucrados fiscales del Ministerio Público, jueces penales y defensores públicos. Además según el jurista, se vulnera el derecho constitucional a la defensa al coaccionar a los procesados para que renuncien a sus abogados privados.

 Resaltó Castellano, que ante el despliegue de la comisión revisora que ha visitado los estados  Zulia, Lara, Carabobo, La Guaira y Caracas, exige que al llegar al estado Mérida y a la ciudad de El Vigía se tome en cuenta el testimonio y trabajo de los defensores privados.

 Comentó Castellano que no sean los mismos funcionarios señalados de cometer las irregularidades quienes estén a cargo de las revisiones de los expedientes: "No vengan con esa doble moral. Debe haber gente competente que no esté involucrada para que se establezcan verdaderas responsabilidades y vayan a la cárcel los jueces corruptos".

 

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